Mara Rivera, presidenta del Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales denunció que hoy en el Gobierno nacional “la justicia social es una variable de ajuste” porque el mayor aumento en la tarifa eléctrica, “que fue de un 63% anual impactó mayormente en las familias de bajos ingresos”.
En contacto con Radio Provincia, detalló que los datos surgen de un informe que “venimos haciendo hace años, pero en este nos detuvimos y lo vimos con gran preocupación” por sus resultados; y agregó que los datos recogen el impacto de la decisión del Gobierno de limitar los subsidios para ingresos medios y bajos.
La presidenta del IAETES señaló que “la segmentación que había emitido el Gobierno anterior con (Martín) Guzmán (por entonces ministro de Economía de Alberto Fernpandez) quedo dividida en altos y bajos ingresos, sacando los intermedios” impactando en trabajadores y jubilados.
Y enfatizó que “obviamente en esta quita de subsidios lo que vemos es un abandono del Estado que no está regulando a los sectores vulnerables que son los que más necesitan un servicio esencial” porque en los barrios populares, o los sectores vulnerables “muchas veces no cuentan con servicio de gas o electrodomésticos de energía eficiente” y además “tienen mayor concentración familiar”. Y “todo esto impacta a ese sector. Aumentando las conexiones clandestinas, empeorando la calidad del servicio y generando riesgo para la vida de las personas”, cerró.