En contacto con “Pase lo que Pase”, por Radio Provincia, el ex jefe asesores de YPF y ex presidente de METROGAS, afirmó que “hay una política de ataque al gobernador que está molestando al status quo que rodea al presidente de la nación”.
Explicó que “la sentencia no está firme porque los fondos buitres la apelaron. Tampoco para el Estado Nacional. Desde septiembre de 2023 en adelante no hubo acuerdo y quizás, en esta nueva gestión, se subestimó lo que representaba un fondo buitre parado encima de la segunda reserva de gas más importante del mundo y la cuarta de petróleo no convencional”.
Agregó que “cuantificar o monetizar lo que representa Vaca Muerta supera 40, 50 o cien veces este litigio. Pero lo que nosotros vimos siempre era que había que tener mucho cuidado porque cuando hay un fondo buitre trabajando sobre el país, peligra la ciudadanía”.
Barcelona sostuvo que “el artículo que se le endilga al Gobernador es un artículo de un estatuto aplicable para casos puntuales como, por ejemplo, cuando uno quiere controlar la compañía y compra acciones. En esa compra hay que hacer la oferta pública a todos, pero acá no hubo ninguna compra, hubo una ley de expropiación votada por el Congreso. Cualquier otra interpretación está forzada para quedarse con los recursos naturales de la Argentina”.
Además, explicó que en un principio intentaron juzgarnos con la ley norteamericana pero finalmente lo hicieron con la Argentina “y aún asi -dijo- dieron vuelta las cosas y pretenden poner un estatuto que no es aplicable por encima de la Constitución”.
El director del OCEBA recordó que “el 51% de YPF no es todo del Estado Nacional. El 49 % es de las provincias”. En ese marco cuestionó que los gobernadores y el Procurador del Tesoro no hayan reaccionado ante el fallo de la jueza Preska.
Por último, respecto del monto que debería pagar la Argentina, Barcelona señaló: “Es imposible de calcular. El porcentaje que fija la jueza no tiene nada entendible. Dijo 16 mil millones cuando podría haber dicho 7 mil millones. Eso está apelado por el Estado y está muy bien apelado. Confío en la estrategia legal de los abogados del Estado que están trabajando en esto”-concluyó.