En diálogo con Pase lo que Pase, comentó que junto a al grupo de abogados del FIPCA representando a la Confederación General de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores del País, radicó la denuncia contra el Presidente por violación a derechos elementales.
Valmaggia explicó que “la Argentina suscribió a una serie de tratados internacionales sobre Derechos Humanos en forma general: derecho a alimentarse, a la vida digna, de acceso a la salud y a reunirse, que el Estado no sólo debe respetar sino proteger y tomar todas aquellas políticas tendientes a que esos derechos personalísimos tengan acceso a toda la población”.
De todos modos, y aunque la condición de mayoría de edad es un atenuante según los tratados internacionales de Derechos Humanos, “el Estado los viola de forma flagrante y no sé porque hasta ahora ningún juez intervino”.
Seguido, precisó que “la jubilación mínima está cerca de los $300 mil, que son la mitad de los jubilados” y que actualmente “la canasta básica asciende a $1 millón 200 mil” y con esa cifra “ni siquiera pueden acceder a la alimentación”, y que los jubilados que perciben hasta 600 mil pesos “”debe elegir entre comer y medicarse”. El letrado subrayó que “sobre 9 millones de personas, un 58% tiene derecho al haber jubilatorio, mientras que el resto absolutamente a nada”.
En ese marco, planteó que existe “delito por incumplimiento en los deberes de funcionario público”, y citó que según el Tratado de Roma, cabe la figura de genocidio.
Finalmente, dijo que recusaron al juez Ariel Lijo que fue el designado para tomar la causa: “La sospecha de parcialidad está muy clara en favor del Gobierno”, cerró.